eAdministración: ¿Por fin accesible?
Hemos comentado en alguna ocasión la enorme dificultad que supone acceder a servicios de administración electrónica a través de certificados electrónicos. No es sólo una impresión extendida sino una realidad dolorosa que se plasma con frecuencia en los logs de nuestros sistemas de eAdministración, que muestran cómo muchos de los usuarios que acceden a estos servicios acaban desistiendo cuando alcanzan la fase de identificación digital o firma. En cierto modo, la eAdmin parece pensada para héroes y las continuas quejas relativas al uso de certificados electrónicos están plenamente justificadas.
Afortunadamente es muy posible que estemos en el principio del fin de esta situación. El pasado viernes 19 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha de una plataforma para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas. El nuevo sistema denominado CL@VE, pretende ser universal para todas la administraciones públicas y se apoya en el uso del PIN de 24 horas y claves concertadas, mecanismos que ya han sido probados con éxito por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
El acceso a través de CL@VE será obligatorio para la AGE a partir del 1 de octubre de 2015 y exigirá que el ciudadano se “registre” de forma presencial o telemática para poder beneficiarse posteriormente de un uso de la identificación y la firma digital con muchas menos exigencias tecnológicas y menos dolores de cabeza (o eso esperamos).
Hay que recordar que la ley 11/2007 prevé en su artículo 16.1, quizá anticipando el calvario del uso de los eDNIs, la posibilidad de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos.
Esta puerta trasera ha hecho que nos planteemos, desde hace unos meses, el uso de la tarjeta ciudadana de Zaragoza como mecanismo de claves concertadas para la tramitación de un conjunto de expedientes todavía por determinar. Para ello hemos iniciado el trámite de modificación de nuestra ordenanza de administración electrónica con el objetivo de prever el uso del 16.1.
Sin embargo, la misma ley introduce a mi entender incertidumbre jurídica en el artículo 35.2 al subrayar que, en el inicio del procedimiento por medios electrónicos, los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada.
Es decir, se habilita el uso de claves concertadas para la identificación en el acceso a servicios electrónicos pero a continuación se exige que los documentos aportados se firmen con un certificado avanzado. Mal asunto.
Por todo ello, creo que es una buena noticia que el MINHAP recoja por fin el sentir general de ciudadanos y administraciones sobre el uso de los certificados digitales y presente CL@VE. Es también una buena noticia que el Estado lidere (y financie) este tipo de esfuerzos de integración.
Desde el mundo local estamos ansiosos por conocer CL@VE y comenzar a utilizar estos nuevos servicios.