Ciudades inteligentes versus estados que no lo son tanto

Vivimos de nuevo en el tiempo de las ciudades, inagotables generadores de ideas, conocimiento y oportunidades. Parece que viviéramos en una versión 2.0 de las “polis” griegas, ciudades capaces de autoorganizarse para una mejor gestión, de definir sus estrategias de especialización, de ampliar la participación de la ciudadanía, de establecer relaciones con otras ciudades mediante las redes físicas y virtuales que cosen el tejido urbano global. Es lo que llamamos ciudades inteligentes.

Sin embargo, a nivel de los estados, al menos en el caso español, no puede decirse que hayamos emprendido ese camino hacia la inteligencia colectiva. Campos claves para la competitividad como la política energética (el frenazo a las renovables o la indefinición normativa de las condiciones para el autoconsumo) o las telecomunicaciones (las dificultades para desplegar redes públicas potentes, inclusivas y ubicuas para paliar las carencias de las redes privadas de los operadores) adolecen, en el mejor de los casos, de una estrategia clara. Otras áreas claves de futuro como la política educativa o la investigación van directamente en sentido contrario a lo que una estrategia razonable e “inteligente” aconsejaría.

A nivel político, tampoco hay razones para el optimismo. El anteproyecto de Ley de Bases de Régimen Local proyecta la sensación de considerar a las ciudades como el problema y no como parte de la solución a las graves dificultades a que se enfrenta nuestra sociedad. Trata a las ciudades como entes administrativos menores de edad que, inexplicablemente, tienden a generar duplicidades en la prestación de servicios que, a juicio del legislador, otras administraciones no tan cercanas a la ciudadanía podrían prestar más eficientemente.

El Estado parece decidido a actuar con mano firme ante quienes solo generan el 4,5% de la deuda pública española, aplicando la “terapia de choque” de no permitir a las ciudades más que la prestación de servicios tradicionales: agua, luz, vertido, limpieza, transporte… Según esta visión paternalista, el complejo organismo vivo que es una ciudad se debería reducir a un sistema circulatorio, a un sistema nervioso no demasiado evolucionado, a un sistema renal eficiente, y a poco más.

NI rastro de las palancas que muchas ciudades del planeta están activando para darle la vuelta a un futuro complicado: atracción de talento, fomento de la creatividad, financiación y promoción de la innovación,… Ni hablar de permitir los grados de libertad necesarios para que las ciudades puedan ejercer su capacidad de transformación, desarrollando y potenciando lo que consideran estratégico para su futuro. Nada de establecer una relación de cooperación entre iguales con otras administraciones regionales, nacionales y europeas que ayuden a las ciudades (y, por extensión, a la ciudadanía) a materializar sus proyectos.

Extirpar de las administraciones locales funciones tan vitales para la cohesión de una sociedad como la acción social, la promoción económica o la educación significa desconocer las micro-realidades que hacen funcionar a las ciudades y, por tanto, a los países.

Pero ¿qué ocurre en el exterior? Hace poco se ha resuelto el galardón que otorga el Wall Street Journal y Citigroup a la ciudad más innovadora del mundo, que finalmente ha recaído en Medellín, finalista junto con Nueva York y Tel Aviv. El rasgo común de las tres es un deseo profundo de transformación y una consciencia de que su futuro depende de ellas mismas. Por supuesto que buscan la eficiencia en la prestación de servicios públicos, pero no renuncian a impulsar un desarrollo económico basado en el conocimiento sobre los pilares de una sociedad más innovadora. Contando para ello con amplias competencias (y recursos asociados) que incluyen en algunos casos la educación y la sanidad.

Es emocionante escuchar al alcalde de Medellín, una ciudad ligada a un pasado terrible, explicar su esfuerzo por reinventarse para mejorar de forma radical la vida de sus ciudadanos. También en nuestro país las ciudades, sin excepción y sin importar su color político, buscan su estrategia hacia una ciudad inteligente en un esfuerzo digno de alabar.

Tenemos la impresión de que las ciudades deberían ser, por su cercanía al ciudadano, el ámbito de decisión principal en los temas que más nos afectan. Daniel Innerarity lo explica mejor que nadie en su libro “La democracia del conocimiento”. La ciudad es terreno abonado para la creatividad y la innovación, el lugar donde ocurren probablemente los fenómenos más interesantes y ricos. Debería ser también el lugar donde se decida sobre ellos. El futuro del país depende, hoy más que nunca, de las ciudades. Y éstas sí que están dispuestas a arrimar el hombro; no saben hacer otra cosa.