Las smartcards y por extensión los monederos electrónicos también son instrumentos para garantizar el derecho al acceso a los servicios públicos, no solo para realizar micropagos por el uso de los mismos. Pero para alcanzar ese acceso no todo el mundo parte en las mismas condiciones. La situación laboral, cargas familiares, capacidades físicas u otras circunstancias sociales impiden el acceso de facto.
